Artículos 65 y 66 LCSP Capacidad de obrar, objeto social y habilitación

HABILITACIONES PROFESIONALES Y SOLVENCIA. EMPRESAS NUEVA CREACION. RESERVA A CEE. Contrato de recogida de enseres domesticos y textiles, afectado por la Ley 7/2022 que reserva el 50% del contrato a CETIS. El recurrente es excluido por, no ser CEE, no estar al corriente de las obligaciones tributaria y no acreditar la solvencia economica.

IMPUGNACIÓN INDIRECTA DE LOS PLIEGOS.SOLVENCIA: No acreditando la solvencia técnica requerida ni las habilitaciones profesionales necesarias, pretende la impugnacion indirecta de los pliegos. Se desestima

Exclusión. Conformidad con el ENS: requisito de habilitación empresarial. Los órganos de contratación han de establecer en los pliegos los requisitos necesarios para asegurar la conformidad con dicho Esquema Nacional, quedándoles vedado la concreción y exigencia de dichos requisitos en un momento posterior de la licitación, pues ello supondría admitir que es posible completar una omisión esencial de los pliegos en un momento posterior a su aprobación. Estimación parcial.

Adjudicación. Valoración de las proposiciones respecto de los criterios de adjudicación de aplicación mediante juicios de valor. Discrecionalidad técnica. No se aprecia arbitrariedad. Alegación de infracción del artículo 52 sobre el acceso al expediente. No solicita vista del expediente. Motivación de la admisión de una oferta inicialmente incursa en valores anormales o desproporcionados. Certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) como habilitación necesaria de la entidad adjudicataria del contrato. No queda establecida en los pliegos, el órgano de contratación manifiesta que no resulta de aplicación y la recurrente no justifica suficientemente la pretendida exigencia. Desestimación.

Exclusión. Capacidad de obrar de una sociedad civil con objeto social mercantil. Doctrina sobre la cuestión. Contradicción entre el registro de licitadores estatal donde se encuentra inscrita y el autonómico en el que se le deniega la inscripción. No se aprecia infracción en la actuación de la mesa de contratación. Desestimación.

Acto de trámite cualificado: exclusión. Capacidad: objeto social: diferencia entre formación para la mediación y la mediación. No es requisito de solvencia solo de capacidad, interpretación amplia y extensa del objeto social. No es causa suficiente de exclusión. Estimación

AUSENCIA CAPACIDAD OBRAR. Exclusión ajustada a Derecho pues la recurrente no tiene capacidad obrar, dado que su objeto social no ampara la prestación principal (CPV principal) del contrato.

Contratos del Sector Público: servicios de seguridad privada. Habilitación profesional.

HABILITACIÓN EMPRESARIAL. Reclamación contra la exclusión de licitador por no disponer de la habilitación exigida. Desestimación. No es admisible integrar la habilitación empresarial mediante la subcontratación. Doctrina sobre la habilitación empresarial.

Exclusión de oferta. Recurso contra exclusión de licitador por no acreditar la habilitación empresarial y la solvencia técnica. Desestimación. No ha quedado acreditada la habilitación empresarial exigida en los pliegos. Tampoco la solvencia técnica al no alcanzar la cuantía mínima de los trabajos realizados.

Legitimación de recurrente no licitador sólo para impugnar determinadas cláusulas del PCAP. No se dan las vulneraciones de la LCSP alegadas. Desestimación de los motivos para los que se ha admitido legitimación.

Adjudicación. Requisito de inscripción en registro de habilitación legal para hacer el objeto del contrato. Tensión entre tareas críticas. No existen tareas criticas para que la entidad que preste los servicios tenga la habilitaciones. Subcontratación suficiente: no es necesario estar habilitado en el REBT.215. 2 de la LCSP a responsabilidad de comprobar y justificar la aptitud del subcontratista para ejecutar el contrato pesa sobre el contratista principal. En este sentido, repárese que el propio artículo 215, letra b) impone al contratista principal la obligación de notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra la información relativa al subcontratista durante la ejecución del contrato principal y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. Desestimación

Declaración de desierto. Exclusión. Oferta anormal o desproporcionada. Se solicita la inadmisión del recurso por extemporaneidad, no procede el recurso se ha interpuesto formalmente contra la declaración de desierto, sin que con anterioridad se notificase fehacientemente la exclusión a la hoy recurrente. La pretensión de la recurrente de admisión indebida de las tres ofertas licitadoras derivada de las deficiencias en la acreditación de documentación exigible en la fase de propuesta de adjudicación es contraria a las previsiones contenidas en los pliegos. Es correcto el número de licitadores admitidos utilizado a efectos de selección del parámetro para la identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, y de cuya aplicación resultó identificada la oferta recurrente, que al no presentar en plazo la documentación justificativa de la viabilidad de su oferta resultó excluida del procedimiento de licitación. Desestimación.

Exclusión. El objeto social de una de las entidades que compone la UTE no se corresponde con el objeto del contrato. Doctrina sobre la cuestión. Documentación que la recurrente aporta en vía de recurso. Imposibilidad de subsanar la documentación presentada durante la licitación en vía de recurso. La notificación de la exclusión puede diferirse a la adjudicación del contrato. Requisitos para que una notificación defectuosa ocasione indefensión. Desestimación.

Acto de trámite cualificado. Solvencia económica de la persona licitadora para contratar; acreditación: la recurrente no justificó -ni inicialmente ni tras el plazo de subsanación- los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera exigidos en el anexo del PCAP, este Tribunal concluye que no cupiese ningún tipo de requerimiento de aclaración adicional, y todo ello en virtud de lo dispuesto en el propio PCAP rector del presente procedimiento de licitación. Multa. Desestimación

Acto de trámite cualificado. Exclusión. Objeto social: 84.1 de la LCSP establece que “la capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate”.140.1 a) y 4 LCSP. 24.1 del RGLCAP prescribe que: “En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este Reglamento”. Práctica colusoria: si se hubiera verificado la práctica colusoria no sería posible formalizar el contrato con ninguno de los licitadores, en virtud del art. 152 ya que la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. Anulabilidad del acuerdo de exclusión debido a que en la misma no se menciona que es susceptible de impugnación mediante la interposición del recurso especial: la mesa de contratación no está obligada a notificar individualmente la exclusión, que deberá hacerse en la adjudicación. Estimación parcial.

Acto de trámite cualificado. Exclusión. Objeto social: 84.1 de la LCSP establece que “la capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate”.140.1 a) y 4 LCSP. 24.1 del RGLCAP prescribe que: “En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 de este Reglamento”. Práctica colusoria: si se hubiera verificado la práctica colusoria no sería posible formalizar el contrato con ninguno de los licitadores, en virtud del art. 152 ya que la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. Anulabilidad del acuerdo de exclusión debido a que en la misma no se menciona que es susceptible de impugnación mediante la interposición del recurso especial: la mesa de contratación no está obligada a notificar individualmente la exclusión, que deberá hacerse en la adjudicación. Desestimación.

Acto de trámite cualificado. Exclusión. Objeto social: 84.1 de la LCSP establece que “la capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate”. Art. 140.1 a) con relación a la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos señala que las proposiciones en el procedimiento abierto deben ir acompañadas de una declaración responsable que se ha de ajustar al formulario del documento europeo único de contratación (DEUC), el cual deberá contener que en el momento de su presentación ”la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación…”. El artículo 140.4 LCSP establece que: “Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato”. Añadiendo el artículo 66 del mismo texto legal que:1. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios”. La UTE no cumple con el requisito de capacidad de obrar, cuando el objeto social de alguna de las empresas que la integran no guarde relación alguna con la parte o partes del objeto del contrato y solo se podría haber acreditado tal capacidad, cuando el objeto social de cada una de las empresas concurrentes se hubiera demostrado que guarda relación con el objeto del contrato, aunque tal relación lo sea sólo con una parte de dicho objeto contractual, directa o indirectamente. La falta de capacidad de un miembro de la misma no puede ser suplida a través de la capacidad de obrar del resto de sus integrantes. Práctica colusoria: si se hubiera verificado la práctica colusoria no sería posible formalizar el contrato con ninguno de los licitadores, en virtud del art. 152 ya que la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. Anulabilidad del acuerdo de exclusión debido a que en la misma no se menciona que es susceptible de impugnación mediante la interposición del recurso especial: la mesa de contratación no está obligada a notificar individualmente la exclusión, que deberá hacerse en la adjudicación. Desestimación

Pliegos. La admisión de la norma ISO 27001 o equivalente como alternativa al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) no es viable, al considerarse el cumplimiento del ENS un requisito de capacidad del licitador, de habilitación profesional para realizar la prestación objeto del contrato, al ser una obligación legal establecida en la legislación sectorial. Su incumplimiento en la fecha final de presentación de ofertas originaría la exclusión de la empresa de la licitación. Aplicación del ENS tanto al sector público como al privado. Extemporaneidad de un informe presentado en sede de recurso. Estimación parcial.

Acreditación capacidad de obrar. Documentación previa a la adjudicación. Se recurre la exclusión por no cumplir adecuadamente el requerimiento de documentación del artículo 150. El recurrente alega que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. El Tribunal comprueba que, con la documentación aportada en el trámite del artículo 150 no se acredita el objeto social. No se puede admitir escrituras de ampliación de objeto social posteriores. Desestimación

Acto de trámite cualificado: exclusión. Dos Hermanas: convenio con TARCJA. Objeto: acreditación de entidad que pertenece a la UTE de estar inscrita en registro habilitación nacional de empresas de seguridad privada en lo relativo a la ejecución de una parte del contrato CRA. Solo debe acreditarlo su habilitación nacional, en todo el territorio conforme al PCAP respecto de la parte del contrato que va a ejecutar y así declara en su compromiso de UE. Se acredita mediante documentos de acceso público. Estimación

Valoración de las ofertas. Habilitación profesional. Se recurre en la adjudicación que el adjudicatario no dispone de habilitación profesional a fecha fin de presentación de ofertas. Se acredita en el expediente que si se dispone de dicha habilitación. Alega que no se han acreditado la mejora establecida en los criterios de adjudicación establecidos que valoran mejor cualificación del personal, se acredita igualmente en el expediente que sí constan acreditados. Por último alega que se ha formalizado el contrato antes de que transcurra el plazo de 15 días hábiles previsto para el REMC. Se estudia la situación y se desestima esta pretensión, dado que del tenor literal de la ley, si bien estamos ante un incumplimiento, no ha impedido interponer el recurso y no se han estimado las pretensiones

Exclusión. Doctrina sobre la habilitación empresarial o profesional y su diferencia con la solvencia. La habilitación es un requisito de capacidad y de legalidad, no de solvencia. Aplicación a las UTEs. Si el objeto del contrato consiste en la impartición única especialidad formativa todas las entidades que conforman la UTE deben estar habilitadas. Doctrina sobre prestaciones diferenciadas. Necesidad de analizar cuáles son las prestaciones que conforman el objeto del contrato y cuáles necesitan habilitación, por si algunas gozan de una sustantividad propia, que permitiera una ejecución separada, aislada e independiente. Desestimación.

Solvencia técnica. Acreditación. Utes. Acreditación solvencia ute. Lex contractus. Se recurre la exclusión de la UTE, dado que una de las empresas que concurren no acredita la correspondiente habilitación. La habilitación es un requisito de aptitud para contratar. Se aplica la doctrina del Tribunal y en este sentido, las dos empresas que conforman la UTE deben estar habilitadas y deben acreditar dicha habilitación. Desestimación.

Solvencia técnica. Acreditación. Utes. Acreditación solvencia ute. Lex contractus. Se recurre la exclusión de la UTE, dado que una de las empresas que concurren no acredita la correspondiente habilitación. La habilitación es un requisito de aptitud para contratar. Se aplica la doctrina del Tribunal y en este sentido, las dos empresas que conforman la UTE deben estar habilitadas y deben acreditar dicha habilitación. Desestimación.

Adjudicación. Materialmente contra la admisión de la entidad adjudicataria. Denegación trámite de vista del interesado al informe del órgano de contratación al recurso interpuesto. Segunda solicitud de vista, motivación de la denegación. Posesión de la autorización ambiental para la producción de los suministros objeto del contrato como un requisito de aptitud o capacidad (art. 140.4 LCSP) o como condición de ejecución (art. 201 LCSP). Postura sobre la cuestión de los órganos de resolución del recurso especial en materia de contratación. No se extrae de la legislación aplicable y de los pliegos de forma clara la exigencia como requisito de habilitación en el sentido alegado por la recurrente. Principio de proporcionalidad entre diversas opciones. Desestimación.

El objeto social de la empresa recurrente tiene relación directa con el objeto de la contratación. Exclusión improcedente.

Pliegos. Legitimación asociaciones profesionales. Condiciones técnicas restrictivas de la concurrencia. Es posible establecer en las licitaciones medidas que puedan ser restrictivas de la concurrencia, pero han de estar adecuadamente justificadas a fin de que cualquier licitador pueda conocerlas y ejercer el derecho a impugnarlas o simplemente para aceptarlas. Falta de justificación previa en el expediente de los requisitos mínimos objeto de impugnación. Anulación del PPT. Estimación parcial.

Recurso contra Pliegos. El recurrente presenta oferta con carácter previo a la interposición del recurso. No resulta de aplicabilidad la regla general de inadmisibilidad prevista en el artículo 50.1 b) cuarto párrafo de la LCSP, dado que los motivos de impugnación que aduce de forma argumentada se encuadran en causas de nulidad de pleno derecho. Allanamiento del órgano de contratación. Restricción indebida de la concurrencia en la configuración de los Pliegos. Tanto la autorización de transporte sanitario público (VS), como la autorización de transporte privado complementario (VSCP) son idóneas para satisfacer el interés contractual, habida cuenta del objeto del contrato y las prestaciones a realizar. No es posible configurar el requisito de autorización de transporte sanitario como habilitación y, conjuntamente, como criterio de solvencia, sino que se debe establecer como habilitación profesional por ser un requisito de aptitud exigido por la normativa, afectando a la capacidad para contratar, debiendo justificarse debidamente en el expediente. Estimación

CONTRATOS. Prohibición de contratar por infracción en materia de defensa de la competencia. Caducidad del procedimiento.

Materias Exclusión de ofertas, Adjudicación Url <a

Recurso contra la exclusión de entidad propuesta como adjudicataria por falta de habilitación profesional. Desestimación. La presentación de la oferta asume de forma íntegra y sin merma alguna todo el contenido del Pliego. La habilitación profesional requerida en ellos, no puede variarse a conveniencia del licitador recurrente. A fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas la entidad no contaba con la habilitación profesional exigida. Inadmisión del certificado presentado con ocasión del recurso. Desestimación.

Legitimación de una sucursal para ser licitadora como mandataria de la sociedad matriz no comunitaria. Se admite dicha figura como licitadora. Se adjudica a la empresa matriz. Descripción de la figura de la sucursal y su adecuación en materia contractual

Exclusión. Falta de concordancia entre el objeto social de la recurrente y el objeto contractual: artículos 65 y 66 LCSP. La recurrente denuncia una interpretación extremadamente rigorista al exigirsele una coincidencia textual entre el objeto social descrito en sus estatutos y el objeto contractual. Examen por el Tribunal a la luz de la doctrina contenida en las Resoluciones 447/2023, 530/2021, 179/2019 o 335/2018: no es posible apreciar que las prestaciones objeto del contrato relativas al servicio de asesoramiento o consultoría en materia de formación de personas colaboradoras; análisis integral de unidades y personas y diseño, elaboración y puesta en marcha de instrumentos para la implementación de la dirección pública profesional, entre otros, tenga nada que ver con el objeto social de la recurrente relativo al diseño, investigación, desarrollo, programación, fabriocación, epxlotación, suministro etc de software, aplicaciones informáticas y multimedia realizadas en cualquier soporte, móviles, equipos informáticos, electrónicos de telecomunicación, etc, ni siquiera partiendo de una interpretación flexible y amplia de la adecuación del objeto social al objeto del contrato. Irrelevancia del epígrafe en que esté dada de alta una entidad para acreditar la capacidad para contratar: aplicación de la doctrina contenida, entre otras, en la Resolución 424/2023 que da como resultado que el epígrafe en que se encuentra dada de alta la empresa, "explotación electrónica por terceros" a todas luces no se corresponde tampoco con el objeto del contrato. Desestimación.

Exclusión del procedimiento de licitación por no contar con la habilitación profesional. La habilitación es un requisito de capacidad claramente diferenciado de la solvencia, de modo que se refiere a una inscripción necesaria –en este caso exigida por norma con rango de Ley- para desarrollar la actividad objeto del contrato, y pretende garantizar que el órgano de contratación contrata con una empresa que desempeñe legalmente actividad objeto del contrato y que, por lo tanto, puede ejecutarla. Imposibilidad de integración de habilitación por medios externos al no existir prestaciones del contrato susceptibles de separación o ejecución independiente o autónoma. Inadmisión de recurso indirecto. Firmeza del Pliego.

Adjudicación. Prohibición de contratar: declaración de preconcurso. Obligaciones Seguridad Social. Temeridad: multa. Desestimación

Aptitud para contratar. Habilitación empresarial. Es un requisito de aptitud distinto de la solvencia y que, al contrario de ésta, no cabe integrarla con medios externos, siendo un requisito personalísimo.

Aptitud para contratar. Habilitaciones profesionales. Estimación de recurso contra exclusión. La habilitación exigida en pliego como empresa instaladora se aportó por la recurrente en su oferta, teniendo vigencia indefinida conforme a normativa. Requerimiento de subsanación improcedente.

Aptitud para contratar. Habilitaciones empresariales. Recurso contra pliegos al exigir una habilitación empresarial limitativa de la concurrencia. Estimación. La exigencia de los certificados de Esquema Nacional de Seguridad y su grado de exigencia no están justificados en la memoria del contrato.

Se admite a trámite, siguiendo precedente en la Sala, el recurso de casación preparado contra sentencia por tener interés casacional determinar si, exigiéndose en los pliegos rectores de un contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, todos los licitadores que concurren en UTE deben contar con las mismas aun cuando se trata de sociedades que en el conjunto de la agrupación realicen actuaciones que puedan ser consideradas accesorias o complementarias; y el alcance y extensión del 65.2 LCSP y su diferenciación con los criterios de solvencia técnica o económica en relación con la posible extensión de dicha solvencia.

Inadmisión por falta de legitimación. El objeto social de la entidad no guarda relación con el objeto del contrato. El recurrente no acredita interés legítimo en el recurso al no existir una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión.

Exclusión. Discrepancias entre el DEUC y la documentación previa a la adjudicación con relación a la subcontratación de parte del objeto del contrato. Análisis de la doctrina sobre la cuestión. En el anexo específico del PCAP declara igualmente que no va a subcontratar. No se desprende la intención de subcontratar del resto de la documentación de la oferta, ni se trata de un cambio en la entidad subcontratista. Habilitación empresarial, se exige al propio licitador dado que no ha indicado su intención de subcontratar sin que disponga de la misma. No cabe la subsanación de la subsanación. No se aprecia infracción en la exclusión de la proposición por el motivo controvertido. Desestimación.

Adjudicación. Relación entre el objeto del contrato definido en los pliegos y el objeto social recogido en los estatutos de la empresa. Artículo 66 de la LCSP. Interpretación en sentido amplio. La adjudicataria no integra la solvencia con medios externos. Omisión de determinada documentación que no fue aportada por la adjudicataria para acreditar su solvencia al no serle requerida por el órgano de contratación. Se rechaza la prueba propuesta por la recurrente al ser innecesaria y haberse ilustrado el Tribunal con la documentación obrante en el expediente. Estimación.

Adjudicación. Requerimiento en el pliego de la habilitación administrativa necesaria para la explotación de centrales de alarmas. Prestaciones que pueden ser objeto de subcontratación a la vista de lo establecido en el pliego. La subcontratación de la citada prestación atendiendo a la normativa sectorial. Doctrina sobre la cuestión. Diferencia entre el servicio de conexión y el servicio de explotación de la central. El pliego no exige que la adjudicataria preste por sus propios medios el servicio de explotación de central de alarma sino la conexión a un servicio. Interpretación sistemática de los pliegos. Principio de proporcionalidad y concurrencia. Se considera que a pesar de que los pliegos puedan ser susceptibles de más de una interpretación la más acorde a los citados principios es entender que efectivamente dicha prestación en el presente supuesto puede ser objeto de subcontratación. Desestimación.

Anuncio y pliegos. Inadmisión contra el anuncio al haberse interpuesto de forma extemporánea. La empresa adjudicataria del lote 2 es ajena a la entidad debidamente acreditada que emite el certificado de conformidad con la norma correspondiente. Las circunstancias justificativas de la habilitación profesional han de concurrir a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. La exigencia a las entidades licitadoras de estar acreditadas en determinadas normas en algún caso vulnera el principio de acceso a las licitaciones y en otros no se ha justificado adecuadamente en el expediente de contratación su requerimiento como exige el artículo 116.4. c) de la LCSP. Estimación parcial.

Reclamación contra la adjudicación de contrato por incumplimiento de la habilitación profesional exigida. Desestimación. Incorrecta interpretación de los pliegos por el reclamante. Cumplimiento de la habilitación. Correcta valoración de la oferta del reclamante. Doctrina de la discrecionalidad técnica.

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: 1.Si, exigiéndose en los pliegos rectores de un contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, todos los licitadores que concurren en UTE deben contar con las mismas aun cuando se trata de sociedades que en el conjunto de la agrupación realicen actuaciones que puedan ser consideradas accesorias o complementarias; y 2.El alcance y extensión del 65.2 LCSP y su diferenciación con los criterios de solvencia técnica o económica en relación con la posible extensión de dicha solvencia.

Las habilitaciones profesionales requeridas en el PCAP, en materia de Seguridad Privada, podrán ser aportadas por el propio licitador (en caso de que sean varias empresas en UTE por todas ellas, al tratarse de una sola licitadora) o bien podrán acreditarse con la habilitación del subcontratista.

Desestimación. Falta de capacidad por objeto social. La matrícula del IAE no acrecita el objeto social..

Desestimación. El objeto social no comprende el de este contrato. El epígrafe de la Clasificación nacional de actividades económicas es muy amplio y comprende toda clase de bienes muebles. La matrícula del IAE no acredita el objeto social.

Adjudicación. Acreditación de la solvencia técnica por las licitadoras de una contratación pública, cuando un determinado contrato se encuentra dividido en lotes. Exigencia de unas condiciones de solvencia vinculadas a la concreta prestación que constituye el objeto del lote en cuestión y no generales para el conjunto de los lotes que conforman el contrato que se licita. Actuación irregular de la Mesa de contratación al no analizar de forma pormenorizada la concreta solvencia técnica conforme exigía el PCAP, vulnerando con ello el principio de igualdad de trato de las licitadoras. Estimación

Se inadmite legitimación recurrente para impugnar su valoración, pues de estimarse su pretensión no superaría en puntuación al adjudicatario. Analizada la alegada falta de solvencia técnica del adjudicatario para la que sí ostenta legitimación, cumple los requisitos establecidos en el pliego (posee objeto social en sentido amplio y alcanza importe en alo de mayor ejecución computado desde la fecha fin de licitación).

La adjudicataria cumple con la solvencia establecida en los pliegos, que no exigían habilitación profesional específica. Posibilidad de subcontratación.

Recurso contra adjudicación del contrato por no disponer el adjudicatario de la habilitación exigida en los pliegos. Estimación. La habilitación no se puede integrar por medio de subcontratación con empresa del grupo, al tener un carácter personalísimo.

Contrato de servicios de docencia en escuela infantil municipal. Capacidad de contratar. Comunidades de bienes. Falta de personalidad jurídica.

Exclusión. La UTE recurrente combate los dos motivos de exclusión de su oferta de los lotes 2 y 6. Análisis por el Tribunal del requisito de habilitación profesional de estar inscrito en el Registro de Control metrológico con arreglo a la legislación sectorial y de la posibilidad de integración de la solvencia con medios externos. La UTE adjudicataria no acredita ostentar el requisito de habilitación profesional ni la solvencia técnica y profesional exigidos en los pliegos. Desestimación.

Adjudicación. La adjudicataria carece de la autorización exigida para impartir la formación, si bien recurre a otra entidad que sí dispone de ella, para llevar a cabo dicha concreta tarea. El PCAP y el PPT definen tal autorización como una de las prescripciones técnicas mínimas que han de regir la realización de la prestación, y por tanto, es relativa a la fase de ejecución del contrato. Por ello, no cabe confundir tal requisito con la condición de aptitud consistente en disponer de la habilitación profesional o empresarial. Y respecto de la exclusión de ofertas por incumplir las exigencias técnicas, solo cuando el incumplimiento sea expreso, de modo que no quepa duda de que la oferta es incongruente o se opone abiertamente a las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, procede dicha exclusión, lo que aquí no concurre. Desestimación.

Contrato de servicios. Procedimiento de adjudicación. Exclusión de licitador. Prohibición para contratar. Petición de aclaraciones por la Mesa. No hallarse al corriente del pago las obligaciones de Seguridad Social.

Recurso frente a acuerdo de la Mesa de contratación por el que se declara la admisión de la licitadora. Inexistencia de situación de litispendencia. Cuestionamiento de la acreditación de la solvencia mediante la presentación de la clasificación de la mercantil. La mercantil cuya admisión se impugna no ha acreditado contar con la habilitación profesional o empresarial exigida en el PCAP, que constituye una condición de aptitud que ha de cumplir la licitadora, no quien vaya eventualmente a ejecutar el servicio. Estimación.

Acto de trámite cualificado. Indebida admisión. Desestimación

La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si en un contrato SARA de seguridad la adjudicataria puede subcontratar servicios de seguridad a una empresa habilitada cuando la adjudicataria carece de la habilitación legal necesaria para efectuar una de las prestaciones objeto del contrato.

Los pliegos se convierten en lex contractus. La presentación de la oferta asume de forma íntegra y sin merma alguna todo su contenido. La habilitación profesional requerida en ellos, no puede variarse a conveniencia del licitador recurrente.

Exclusión La recurrente aun cuando formalmente recurre la adjudicación sustantivamente combate la exclusión de su oferta alegando que cumple el requisito de tener un objeto social relacionado con el objeto del contrato ya que la ley exige una similitud suficiente y una correspondencia entre la naturaleza jurídica de la persona licitadora y el objeto del contrato, pero no una coincidencia textual. Denuncia, asimismo, la indebida admisión del resto de licitadoras. Examen por el Tribunal de los objetos comprendidos en el objeto social de la recurrente, tal y como figura en las escrituras que aportó en fase de subsanación. Doctrina del Tribunal contenida en la Resolución 424/2023, de 8 de septiembre y en la Resolución 530/2021 de 30 de diciembre que tiene en cuenta el informe 8/2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, o el informe 2/2013, de 13 de enero. El Tribuna ha podido corroborar que la relación de actividades que se exponen en el recurso para demostrar la identidad del objeto social con el objeto del contrato no consta ni en los estatutos de la entidad ni en las escrituras aportadas, por lo que con la documentación aportada por la recurrente en fase de subsanación, no es posible apreciar la coincidencia del objeto social que defiende la recurrente, a pesar de que haya podido producirse un cambio de objeto social, y aun cuando en cualquier caso, conforme al artículo 140 de la LCSP, habríamos de atender al objeto social de la entidad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. Es irrelevante para la apreciación de la identidad a efectos del cumplimiento del requisito de capacidad de obrar, la clasificación CNAE con que la entidad recurrente se encuentre dada de alta en el IAE, como se analiza en la reciente Resolución 424/2023. La exclusión de la oferta fue correcta y ajustada a derecho por lo que la desestimación del motivo determina la falta de legitimación sobrevenida de la recurrente para impugnar las restantes cuestiones atinentes a la admisión de las restantes ofertas. A mayor abundamiento, se examinan los motivos de impugnación, no pudiendo prosperar la pretensión de exclusión de las ofertas de las entidades restantes por no apreciar la falta de coincidencia del objeto social con las prestaciones que configuran el objeto del contrato. Improcedencia de la reconvención en el trámite de alegaciones ( Resoluciones de este Tribunal 68/2022, 381/2019; 6/2018 y 108/2018 entre otras) así como la Resolución 807/2017, de 22 de septiembre del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Desestimación.

Adjudicación. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios sin que la capacidad de obrar de la mercantil adjudicataria se pueda suplir con la solvencia de otras entidades. Estimación.

Adjudicación. El recurso trae causa de la ejecución de la Resolución 164/2023 de este Tribunal (RCT 93/2023) que estimó parcialmente el recurso para que por el órgano de contratación se procediera a verificar si la adjudicataria contaba o no con la debida habilitación e inscripción en el Registro Industrial Integrado. La cuestión que se analiza es si la adjudicataria, si lo hubiera declarado en el DEUC, puede concertar con terceros la realización parcial de la prestación concreta para la que se requiriese contar con la inscripción, en cuyo caso, debería acreditarse, al inicio de la ejecución del contrato, si la empresa disponía de la preceptiva autorización. Conforme a lo previsto en el artículo 215.2 letra b) de la LCSP, la justificación de que la empresa o empresas subcontratistas tienen o no aptitud para ejecutar el contrato es una obligación que pesa sobre el contratista tras la adjudicación del contrato, o al inicio de la ejecución. Desestimación.

Pliegos. El objeto social de la entidad recurrente no contempla el objeto del procedimiento de licitación. Falta de legitmación para recurrir. Inadmisión.

Exclusión. Contrato financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Aplicación del artículo 58.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Interpretación integradora de la documentación administrativa aportada en pro del principio antiformalista y de concurrencia la quedar constatada la habilitación del apoderado de la mercantil licitadora y todo ello sin merma del principio de igualdad de trato. Estimación

Exclusión. Prohibición para contratar por incumplimientos de estar al corriente de las obligaciones tributarias IAE: justificante del año anterior no se aporta injustificadamente. Desestimación

Recurso contra exclusión de licitador. Desestimación. El recurrente no acredita la habilitación profesional exigida al no estar inscrito en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social en los sectores exigidos.

Habilitación empresarial exigible. Posibilidad de subcontratación.

Contratación administrativa. Capacidad de obrar de la UTE.

Inadmisión del recurso por falta de legitimación del recurrente al no poseer la condición de potencial licitador. Se requiere una habilitación profesional de la empresa oara la venta del equipo médico (con RX) objeto del contrato.

Exclusión. El Tribunal no puede revisar sus propias decisiones, solo cabe impugnar su resolución en vía judicial, ex artículo 59 de la LCSP. Cualquier incumplimiento de los pliegos puede provocar en principio la exclusión de una oferta, y ello con independencia de en qué momento del procedimiento de licitación pueda producirse. La prestaciones auxiliares o instrumentales inherentes y consustanciales a la principal no pueden considerarse subcontratación. La existencia de subcontratación es independiente del momento en el que se establezca la relación jurídica entre contratista y potencial subcontratista, ya sea preexistente a la licitación convocada, coetánea a la misma o se convenga durante la ejecución de la prestación que se licita. Incumplimiento de los pliegos, no hacen falta dos, tres o más incumplimientos. En la imposición de la penalidad prevista en el artículo 105.2 de la LCSP ha de analizarse si concurre o no alguna causa que pueda justificar que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado. La perdida sobrevenida de interés legítimo impone desestimar la pretensión pues la recurrente aun cuando se le estime el alegato de indebida admisión de la oferta de la otra entidad licitadora en ningún caso podría alzarse con la adjudicación. Desestimación.

Adjudicación. La exigencia de acreditar la inscripción de una autorización sanitaria concerniente a la ejecución del contrato, que, en el PCAP, se equipara a la habilitación profesional, no es un requisito de aptitud o de capacidad para acceder a la licitación, sino que se trata de una obligación que debe cumplir el adjudicatario cuando comience la prestación del servicio que se pretende contratar. Acreditación de la adscripción de medios materiales que no se ajustan a lo exigido en el PCAP y sobre la que no cabe subsanación. Estimación.

Responsabilidad patrimonial por daños producidos a la UTE,adjudicataria de las obras de rehabilitación y adecuación de la casa de cultura por el excesivo plazo durante el cual dichas obras estuvieron paralizadas por la demora municipal.

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Adjudicación de la licitación convocada por ADIF para contratar la "Verificación CE de interoperabilidad,". Requisitos de habilitación profesional exigidos en los Pliegos.

Se recurren los pliegos. Se inadmite el recurso por falta de legitimación del recurrente. El objeto social de la empresa no coincide con el del contrato.

Recurso contra la exclusión del licitador que concurre en compromiso de UTE ya que uno de sus miembros carece de la habilitación profesional exigida. Desestimación. No es admisible la integración de la solvencia de uno de los componentes. El objeto del contrato es una prestación única sin que exista una parte claramente separable del objeto del contrato que pudiera realizar la componente que carece de habilitación.

Alega el recurrente que la habilitación empresarial aportada por el resto de licitadores no es válida. Analizado el expediente se constata que la habilitación aportada por el adjudicatario es conforme a los pliegos. Se desestima el recurso.

Recurso contra el acuerdo de la mesa de contratación por la que limita el número de plazas ofertadas para centro de personas dependientes. Desestimación por falta de habilitación profesional exigida a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Encargo a medios propios. Viabilidad del encargo formalizado a través del convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Almería, el CRP y el CRSII para la aportación de TRAGSA como medio propio de la Diputación. Justificación de las circunstancias excepcionales que habilitan el encargo, a la vista de los requisitos establecidos en los artículos 32 de la LCSP y 86 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Análisis referente a que el encargo exceda el objeto social y el marco funcional de TRAGSA y sobre la falta de justificación de la cuantificación de las tarifas y de su fijación con arreglo a costes efectivos. Estimación parcial.

Encargo a medios propios. Viabilidad del encargo formalizado a través del convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Almería, el CRP y el CRSII para la aportación de TRAGSA como medio propio de la Diputación. Justificación de las circunstancias excepcionales que habilitan el encargo, a la vista de los requisitos establecidos en los artículos 32 de la LCSP y 86 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Análisis referente a que el encargo exceda el objeto social y el marco funcional de TRAGSA y sobre la falta de justificación de la cuantificación de las tarifas y de su fijación con arreglo a costes efectivos. Estimación parcial.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Capacidad para ser parte de un licitación atendiendo a la correspondencia entre el objeto social de todas las empresas de una UTE y el objeto del contrato adjudicado. Interpretación flexible para no restringir la libre competencia, pero sin que sea desnaturalizado, del art. 66 LCSP 2017. El objeto societario "agricultura" como sinónimo de "cultivo" comprende el objeto del contrato "jardinería", como cultivo de plantas con fines ornamenales. El requisito de solvencia técnica es acumulable entre las empresas de la UTE

Las entidades concurren en UTE al procedimiento de licitación. Una de ellas no tiene la habilitación exigida en los pliegos. Se desestima el recurso pues ambas empresas deben estar habilitadas.

Acumulación de recursos y desestimación. Integración de solvencia con apoyo en medios externos. La empresa en la que se apoya no tiene objeto social para las prestaciones del contrato, por lo que su exclusión es conforme a Derecho.

Recurso contra la exclusión de una UTE propuesta como adjudicataria por falta de habilitación legal exigida en pliegos por unos de sus miembros. Desestimación. A fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas una de las componentes de la UTE no contaba con la habilitación profesional exigida. La habilitación se exige al licitador no al contratista. Improcedencia de la integración de la habilitación de la UTE.

Adjudicación. Vista de expediente. La mesa de contratación procede a la modificación de la oferta presentada por el segundo clasificado detrayendo la parte que excedía del solar objeto del procedimiento. Principio de invariabilidad de la oferta inicial como límite en la aclaración de las ofertas. Procede la exclusión. Justificación de la oferta finalmente adjudicataria incursa inicialmente en valores anormales o desproporcionados. Motivación del informe técnico que valora la documentación. Documento elaborado por una empresa externa al órgano de contratación. Doctrina sobre la motivación de la Administración en el caso de que la motivación de la decisión se base en informes externos. Se aprecia la falta de motivación, de argumentos propios y críticos. Falta de acreditación de la solvencia técnica exigida para la fase de la obra. Divergencia entre la declaración inicial en la que indica que va a subcontratar y la documentación que se entrega en sede de subsanación, análisis doctrinal. Análisis del artículo 86.3 LCSP. Los pliegos son la ley entre las partes. Objeto social respecto del objeto del contrato, artículo 66.1. de la LCSP. Se acuerda retrotraer las actuaciones para que se le solicite la documentación acreditativa de la parte del contrato que indica que va a subcontratar. Estimación parcial.

Recurso contra la exclusión del procedimiento de licitación. Desestimación. El recurrente no acredita la habilitación legal exigida por los Pliegos. Doctrina de pliegos constituyen ley del contrato, artículo 139 de la LCSP.

Petición donde se solicitaba a la Consellería de Infraestructuras, el pago en concepto de intereses de demora derivados del pago tardío de certificaciones derivadas de contrato de Rehabilitación y Ampliación del Edificio Usos Múltiples

La habilitación profesional debe acreditarse documentalmente antes de la adjudicación. Se desestima el recurso que pone en duda la habilitación del primer clasificado, antes de que se produzca el trámite recogido en el artículo 152.2.